Productores temen a soya transgénica

Comunidades del pueblo maya alertan que podría desaparecer la producción de miel en la Península de Yucatán, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla a favor de que la multinacional Monsanto continúe con la siembra de soya transgénica en la zona.

“Están acabando con nuestra cultura, con nuestra riqueza. Para nosotros esto realmente es doloroso, es terrible y nos damos cuenta que el Gobierno no tiene interés en frenar esto. Por eso nuestra lucha para que esto ya se termine y no se siga deforestando, no se sigan violando nuestros derechos”, aseguró Gustavo Huchín, apicultor maya afectado.

Durante el Foro de discusión “El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto.

Contexto y análisis de los fallos de la Suprema Corte”, explicaron que la preocupación es grave dado que la apicultura es el principal sustento de estas comunidades. Especialistas hablaron de la importancia de las abejas en la zona, principalmente porque la miel mexicana es de las consideradas de mayor calidad. Remy Vandame, especialista internacional de abejas, afirmó que “las abejas están en riesgo, están en declive, esto representa una amenaza para la biodiversidad, para el bienestar y para la economía agrícola mundial”.

Vandame explicó que de la miel dependen tres cuartas partes de los cultivos, así como 30 por ciento de la producción agrícola.

En 2012 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRE) otorgó los permisos para que Monsanto sembrara, hasta ahora, 250 mil hectáreas de soya transgénica.

Esta actividad se encuentra detenida por el proceso legal.

Ante tal panorama 46 comunidades de la Península llevan a cabo una consulta entre los pueblos originarios, con la finalidad de dar marcha atrás a los permisos que las autoridades han entregado a la empresa para la deforestación y cultivo de este producto no natural.

Jorge Hernández, abogado del caso, dijo desconfiar de los procedimientos del Gobierno mexicano en estos casos; sin embargo, consideró que la Corte debe acatar que este tipo de consultas no son un derecho aislado ni de consentimiento.

“Debía quedar insubsistente porque la DGIRA no escuchó estos tres dictámenes que desaconsejaban la siembra de soya genéticamente modificada”, señaló.

Insistió en que “el argumento principal era la falta de interés legítimo que tenían los pueblos y las comunidades para poder presentar un juicio de amparo contra el permiso”.

Añadió que la Suprema Corte reconoce que hay una serie de impactos y de riesgos a partir de esos informes, pero no se pronuncia entorno al principio precautorio.

Los habitantes de los pueblos originarios de Campeche y Yucatán se dicen listos para defender sus derechos.

“Nosotros queremos mantener nuestras cultura, nosotros queremos mantener la fuente de ingreso para mantener a nuestra familia, que es por medio de la apicultura”, dijo Huchín.