Qué es el Halconazo del 10 de junio

Como cada año, este domingo habrá una marcha conmemorativa de la Masacre de Corpus Christi, también conocida como “El Halconazo”. Empezará a las 12 del día en el Metro Normal de donde saldrá el contingente hacia el Zócalo capitalino. Se espera la participación de estudiantes del IPN, UNAM, UAP, CNA, entre otras instituciones académicas.

 

¿Por qué se llama Halconazo?

El 10 de junio de 1971 el grupo paramilitar llamado Halcones reprimió una manifestación de estudiantes que exigían que el país tuviera una mejor democracia. Como resultado hubieron decenas de jóvenes desaparecidos y muertos.

El origen del grupo paramilitar tuvo lugar en 1966 cuando Luis Echeverría, entonces secretario de gobernación,  envió al coronel Manuel Díaz Escobar al Departamento del Distrito Federal  con la misión  de formar un aparato que castigara cualquier tipo de manifestación que criticara al gobierno.

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Ataque a la autonomía de la UANL

A finales de 1970 se modificó la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la que se propuso una mayor participación de los estudiantes y maestros para elegir al rector.

En 1971 llegó se eligió democráticamente a Héctor Ulises como rector de la UANL, pero al poco tiempo este le redujo el presupuesto a la institución y obligó a que se aprobara una nueva ley en la que se eliminaba la autonomía.

Esto derivó en una huelga estudiantil que fue apoyada por otras instituciones, como la UNAM y el IPN, que ya habían convocado a una manifestación masiva el día 10 de junio.

La Secretaría de Educación Pública intervino en las negociaciones entre el estado y la universidad y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto, además el 30 de mayo el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció. Esto fue parte del programa de conciliación.

 

La división del CoCo

El Comité coordinador de comités de lucha (CoCo) estaba dividido entre los que querían seguir con la manifestación que ya habían convocado y los que no. La mayoría quería seguir con la marcha convocada porque en el país había más de un solo problema: la falta de libertad de expresión, la percepción de una falsa democracia y la represión a movimientos populares.

El 10 de junio la marcha comenzó en el Casco de Santo Tomás, seguiría por la calzada México-Tacuba para llegar al Zócalo capitalino, pero el cuerpo de granaderos impidió el paso, mientras desplegaron al grupo de Los Halcones.

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La matanza

Al poco tiempo de que los granaderos rodearon la manifestación, a la altura del metro Normal,  estalló una granada y después aparecieron grupos armados, tanques antimotines, camiones de bomberos y patrullas, además de francotiradores. Así inició un enfrentamiento que duró casi dos horas. 

Al anochecer, 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados. Algunas versiones aseguran que incluso llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para dar el tiro de gracia contra algunos estudiantes heridos.

 

La “verdad histórica” del Halconazo

Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera Halcones y culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas que atacaron a sus propios compañeros.

La policía detuvo a más de 150 personas,  supuestos agresores de los estudiantes, pero ninguno fue consignado “debido a que no hubo quien presentara la denuncia correspondiente”, según documentos sobre el caso.

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La justicia que nunca llegó

La ahora inexistente, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp), abrió una investigación contra Echeverría por el delito de genocidio. Sin embargo, la justicia desestimó el cargo y eximió al expresidente, funcionarios y jefes militares implicados en la causa.

En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando impunidad para investigar el caso en México, pero el caso no prosperó.

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