Urge Mónica Fernández Balboa a congresos estatales homologar “Ley 3 de 3”

Las reformas constitucionales tienen el objetivo de lanzar un mensaje muy claro: “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público”, advirtió la senadora Mónica Fernández Balboa.

Agregó que se busca la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección, a través de la suspensión de los derechos de las personas que incumplan su responsabilidad.

Por lo anterior, aseguró que es necesario que las reformas constitucionales aprobadas en el Senado el pasado 28 de abril a los artículos 38 y 102 -llamada “Ley 3 de 3”– sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se homologuen con las leyes de todas las entidades federativas, a fin de evitar cualquier tipo de impunidad.

Por 63 votos a favor y dos abstenciones las y los senadores dieron su respaldo al proyecto que envió la colegisladora para suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.

Además, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Sin embargo, Fernández Balboa manifestó que “no basta con que se hayan aprobado en los congresos estatales, necesitamos su homologación en todas las leyes”, expresó la legisladora por Morena durante el foro “3 de 3 contra la violencia, en el marco de la reforma constitucional”, que se llevó a cabo recientemente en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

La también presidenta de la Comisión de Gobernación expresó que el INE tiene el gran reto de adecuar sus lineamientos a dicha legislación, para armonizar y conciliar todas las lagunas que pueden darse sobre las reformas.

Señaló que las modificaciones constitucionales también deben incorporarse en los códigos de ética de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y municipales, y de todas las instancias correspondientes, así como de los estatutos de los partidos políticos.

“Queremos mejores gobernantes, mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles, así como mejores legisladoras y legisladores, funcionarios públicos congruentes y con ética”.

La legisladora por Tabasco agregó que, para evitar la impunidad, también es fundamental crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así como insistir que los tribunales locales y las entidades procuradoras de justicia apliquen las sentencias.

De su mismo grupo parlamentario, Blanca Estela Piña Gudiño destacó que la reforma “3 de 3” tiene el claro objetivo de romper el pacto patriarcal, pues con su aprobación se dio un gran paso hacia la construcción de un entramado jurídico que permite erigir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos.

“Consideramos que estamos estableciendo límites legales para que nunca más un agresor llegue al poder público, anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés”.

Puntualizó que el poder público debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres, por lo que no se debe perder de vista que las decisiones que se toman tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, de tal forma que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra.

KJ