Crecen albergues públicos y privados para menores de 18 años: IBD

De acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, el número de centros de asistencia social y albergues públicos y privados para menores de 18 años se incrementó 13.76%, al pasar de 879 a 1000.

En la investigación “El cuidado como derecho de niñas, niños y adolescentes. Algunos indicadores sobre los albergues y centros de asistencia social (2015-2020)”, elaborada por Concepción Torres Ramírez, se precisa que en este periodo el número de usuarios decreció 4.44%, al pasar de 25 mil 667 a 24 mil 574.

La concentración mayor de esta población se registra en el grupo de 10 a 14 años, con 37.95% y 35.84% respectivamente; en el grupo de 5 a 9 años los porcentajes son 30.78% en 2015, y 28.42% en 2020.

En 2017 se calculaba que existían 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes huérfanos o en riesgo de perder el cuidado; en 2020 se estimó una cifra de 994 mil 447. La pandemia y la crisis económica que trajo consigo sin duda han agravado la situación.

Entre 2015 y 2020 el número de menores de 14 años residentes en albergues disminuyó 11.70%, mientras que quienes contaban con 15 y más años se incrementó 12.06%, refiere Concepción Torres Ramírez.

Al comparar las tasas de asistencia escolar de la población residente en casas hogar con las de la población general se aprecian rezagos: en educación primaria (6 a 12 años), en 2015 se aprecia una diferencia de 5.54% y en 2020 de 6.51%.

Aunque en 2014 se creó una nueva legislación para agilizar los procesos de adopción, no se ha logrado una diferencia significativa en el tiempo de espera en albergues.

Las niñas, niños y adolescentes que residen en albergues asisten a la escuela en menor proporción que la población en general. En lo que respecta a la educación primaria, el rezago incluso se incrementó entre 2015 y 2020, puntualiza la investigadora.

La investigación destaca que el Estado, la comunidad y las familias deben asegurar que todas las medidas, programas, políticas públicas, decisiones y estrategias mediante las que se busque el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, se diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos, garantizando su máximo bienestar posible y privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

“El bienestar comprende la supervivencia, salud, integridad física y seguridad emocional, nivel de vida y atención, oportunidades de juego y aprendizaje y libertad de expresión”, precisó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019.

En tanto, Torres Ramírez apunta que los padres o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia están obligados a crear un entorno que apoye el desarrollo físico, psicológico, social y emocional de niñas, niños y adolescentes, y que además los defienda de la explotación, los malos tratos y la violencia.