Morenista propone tipificar desaparición forzada como delito de lesa humanidad

 

La morenista señaló la necesidad de fortalecer esta estrategia a través de la armonización de las leyes mexicanas.


Con el fin de tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos, propuso armonizar el marco legal mexicano con tratados internacionales en esta materia.

Para ello, la legisladora de Morena plantea una serie de modificaciones a la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda, el Código de Justicia Militar y la Ley Nacional del Registro de Detención.

Explicó que se trata de tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; especificar, con especial claridad, los supuestos en los que un superior jerárquico es responsable del delito de desaparición.

Así como ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres; perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares; y evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares.

Por lo que respecta a la legislación en materia del Registro Nacional de Detenciones, dijo que se extiende el abanico de instituciones obligadas a entregar la información a las personas que tienen bajo custodia, incluyendo aquellas de carácter privado.

Almazán Burgos dijo que en México las desapariciones forzadas fueron una práctica cotidiana del régimen anterior que se usaba como instrumento de control político, y que implicó la lucha cotidiana contra el miedo.

“La característica principal de la desaparición forzada es servir de instrumento propagador de miedo para evitar la confrontación ideológica con quienes ejercen el poder”, comentó.

Agregó que es bajo esa idea principal que la Organización de las Naciones Unidas considera a esta práctica como un delito de lesa humanidad.

“Los gobiernos anteriores, pero, sobre todo, los de los últimos dos sexenios postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos jurídicos para impedir esta cruel práctica y castigar a los responsables”, manifestó.

Recordó que, en 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y desde entonces el país ha recibido tres observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Por ello, señaló la necesidad de fortalecer esta estrategia a través de la armonización de las leyes mexicanas.