Acosta exhibirá actos corruptos

Mariclaire Acosta Urquidi, nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió que los hechos de corrupción producen víctimas numerosas, por lo que se comprometió a fortalecer la interlocución con la ciudadanía y sus organizaciones para  acompañar sus causas, a fin de garantizar el ejercicio libre y pleno de la libertad de expresión.

Además, precisó que el CPC vigilará el requerimiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión sobre la emisión de una ley reglamentaria para regular la publicidad oficial para los medios de comunicación, entre otras tareas.

Acosta Urquidi, quien sustituyó a Jacqueline Peschard en el cargo, reiteró que los actos corruptos producen cuantiosas víctimas, como en el caso de los niños muertos en el colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

También citó otros casos conocidos como La Estafa Maestra, esquema de desvío de recursos públicos que involucra a dependencias federales que contrataron a universidades para hacer supuestos servicios y éstas entregaron el dinero a empresas “fantasma”, pero antes cobraron una comisión de entre 10 y 15 por ciento sólo por fungir de intermediarias. Además del sistema informático Pegasus y el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Mariclaire Acosta destacó que sin certeza jurídica y protección de derechos humanos y libertades democráticas no existe posibilidad de combatir la corrupción en cualquie nivel de gobierno, ni de ganar la confianza de la ciudadanía, por lo que durante el año que esté al frente del CPC formará una estrategia de comunicación con la sociedad para que se sienta incluida.

Reconoció que si los organismos no hacen un esfuerzo para mejorar en los ejes para garantizar la transparencia será imposible avanzar en materia de anticorrupción.

“Requerimos de instituciones creíbles y confiables, y esta es la tarea del Comité, de Participación Ciudadana contribuir a la construcción de un verdadero estado democrático de derecho”.

Agregó que la agenda del CPC es extensa y obliga a acelerar tareas como la aprobación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses de funcionarios y sus familiares; además de generar leyes que regulen la contratación pública, sentar las bases para establecer un servicio civil de carrera, así como fortalecer los organismos de control y fiscalización de la administración.