Violencia que contamina

“Riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño”. Juntos, los tres vocablos empleados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un llamado a los 32 gobiernos de los estados para proteger a los periodistas, durante la cobertura electoral de ayer domingo, denotan el clima de violencia que se observaba como una amenaza inminente.

Las medidas cautelares que debieron ofrecerse para protección de los representantes de los medios, tendrían que garantizar condiciones de seguridad “para que todos los periodistas en el territorio nacional estuviesen en aptitud de ejercer libremente su labor informativa durante la jornada histórica que convocó a cerca de 89 millones de votantes a las urnas.

Destacó la CNDH la relevancia del ejercicio periodístico libre en el contexto del proceso de votaciones y porque en el caso específico se cumplían “los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño”. Tres palabras que, en buen castellano, quieren decir que, inclusive las coberturas electorales tiene elementos de peligro para la libertad de expresión. Me parece que no hay antecedente histórico, en contextos exclusivamente políticos, en que explícitamente un organismo de derechos humanos oficial hubiese pedido medidas preventivas para la labor informativa.

La petición de la CNDH se dio en aparente contradicción con el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, cuya magistrada presidenta Janine Otálora Malassis, apenas un día antes había declarado tajantemente: “no está en riesgo la elección por la violencia”.

Y ello, en su opinión, porque los atentados a candidatos, a alcaldes en funciones, a varios aspirantes a puestos de representación popular y a sus comitivas “están localizados solamente en ciertas entidades”. No se generalizaron en el país. Y por lo que hace a quejas por compra de voto y al temor a un fraude electoral, la magistrada atribuyó ese cuestionamiento a una desconfianza histórica, es parte de nuestra cultura. “Espero que haya una votación masiva y ese temor al fraude quede en la memoria”.

Los 32 gobiernos estatales recibieron el pedido de la CNDH un día antes de que fuera asesinado en un bar del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, el periodista José Guadalupe Chan Dzib, quien escribía en el semanario “Playa News” y en la página digital “El Tábano”. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se tenían noticias de que Chan Dzib recibió amenazas recientes, se las comunicó a las autoridades locales y federales, pero no se le brindó alguna medida de protección.

La ONU-DH ha estado cada vez más atenta a la seguridad de los periodistas. Con Chan suman siete asesinados en 2018, más un desaparecido. “Este año es uno de los más trágicos para la historia del periodismo en México”, juzgó y pidió al Gobierno mexicano hacer una

investigación exhaustiva y pronta del crimen del periodista maya para dar con los responsables de la agresión contra Chan Dzib, quien estaba en el bar Baticueva cuando un individuo fue directo a dispararle en la cabeza. Sus colegas de Quintana Roo recordaron que hace poco publicó reportes sobre una banda de asaltantes de comunidades mayas y en sus últimas horas seguía pistas sobre el asesinato del priista de la región Daniel Dzul Canul.

“Los agravios a periodistas son un foco rojo”, expresó la Comisión estatal de Derechos humanos, y pidió privilegiar la labor periodística como línea de investigación del crimen.