Demandan transparencia a la PGR por caso Iguala

Más de 50 organizaciones civiles demandaron a las autoridades total transparencia y respeto a los derechos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos así como la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el caso.

Luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara que el Gobierno mexicano ocultó un informe donde se detallan violaciones a la ley durante la investigación de la desaparición de los normalistas.

Organizaciones como Centro Agustín Pro, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan, el centro Fundar, el instituto de DDHH y Democracia (IMDHyD) y México Evalúa entre otros, indicaron que dichas irregularidades deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios.

De acuerdo con el diario norteamericano, las personas presentadas como principales sospechosas fueron detenidas ilegalmente, lo que daña “el derecho a la verdad” y el “derecho a la justicia” de las víctimas, expresaron.

En el informe, refieren los grupos defensores de los derechos humanos, también se detalla la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones en el Río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de evidencia.

Denunciaron que la omisión de la PGR al concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables es una muestra del afán de encubrir las irregularidades y, asimismo, no castigarlas con apego a la ley.

El contenido del proyecto de Resolución que se ha hecho público “es hoy un parámetro insoslayable para medir la exhaustividad de la determinación que deberá notificar a las familias de los normalistas la Visitaduría General”, indicaron.

“Esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas.

“Una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”, añadió el documento.