Imelda Castro celebra que no se criminalice más a comunidades que siembran y producen cannabis

Ahora, agregó la senadora, los campesinos de la sierra de Sinaloa podrán obtener licencias del estado para cultivar, comercializar y exportar la marihuana.
Ruben Arizmendi Publicado el
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Con la aprobación en el Senado de la República de la Ley Federal de Regulación de la Cannabis, se hará justicia a todos los pueblos criminalizados por la siembra y producción de esta planta, aseguró la senadora por Morena, Imelda Castro Castro, al advertir que “nunca más una operación cóndor en Sinaloa”.

Dijo que el dictamen garantiza la protección a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención prioritaria

Ahora, agregó la senadora, los campesinos de la sierra de Sinaloa podrán obtener licencias del estado para cultivar, comercializar y exportar la marihuana: “Enhorabuena por todos aquellos los pueblos de Sinaloa que han sido criminalizados, llegó la justicia para ellos”.

De acuerdo con la reforma, la rectoría sobre la cadena productiva de la marihuana, sus derivados y su consumo, estará a cargo de la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Dicho órgano desconcentrado contará con una Dirección General, cuya persona titular será nombrada y removida libremente por el titular de la Secretaría de Salud.

Despenaliza el uso lúdico de la marihuana, con lo que las personas podrán cargar hasta 28 gramos de la yerba, es decir, una cajetilla de 28 cigarrillos, y tener de seis a ocho plantas en sus casas, sin terminar en la cárcel.

Tiene como eje rector la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución Política.

Además, se busca que en todo momento fomentar la paz y la seguridad de la sociedad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello, del crimen organizado, la corrupción y la violencia.

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