Luego de que las autoridades federales confirmaran la extradición a México del ex gobernador priista César Horacio Duarte Jáquez, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, advirtió que en su gobierno “no habrá ni perdón, ni olvido”.
“Tal y como lo dije desde mi toma de posesión, hoy quiero reiterarles que en mi Gobierno no habrá ni perdón, ni olvido, para los ex gobernadores”
La mandataria de extracción panista, celebró que de esta forma se podrá celebrar el juicio contra el ex mandatario, para hacer justicia.
“Esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora, finalmente haremos realidad”
En un mensaje a través de sus redes sociales, la primera mujer en Gobernar el estado más grande de la República mexicana, enfatizó que en Chihuahua están listos para continuar con las investigaciones, y se lleven a cabo los procesos de esta y todas las denuncias pendientes, siempre con apego irrestricto a la Ley.
Campos Galván, aseguró haber girado instrucciones al Fiscal General del Estado Roberto Fierro Duarte, para que se establezcan de forma meticulosa las Carpetas de Investigación.
Así mismo, reconoció que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá atraer el caso al ámbito Federal.
“De ser así también estamos listos para coadyuvar, colaborar y acompañar, en todo momento a la autoridad Federal, a fin de que se alcance la Justicia, en beneficio de los Chihuahuenses”.
“Porque en este Gobierno ya hemos demostrado que cuando hay voluntad, trabajando en coordinación, se pueden lograr grandes resultados”.
La mandataria estatal aseguró que mientras todo esto pasa, continuará enfocada en su trabajo, mejorando la calidad de vida de las familias Chihuahuenses.
“Sin distracciones de persecución, por el contrario, concentrada en atender las principales, necesidades de los Chihuahuenses, trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades, para lograr de Chihuahua un estado con más seguridad, mayor acceso a la salud y mejor desarrollo económico”.
Cabe reiterar que al ex gobernador se le acusa de efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014.
