CDMX participa por primera vez en un cambio constitucional

Desde 1824 la Ciudad de México no participaba en una modificación a la Constitución, pero este martes votó a favor de las reformas a los artículos 22 y 73 de la Carta Magna, en materia de extinción de dominio por corrupción y robo de hidrocarburos.

Desde ayer en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, se dio el aval y hoy en el pleno del legislativo local se aprobó por mayoría.

Con esta reforma se permitirá que el Estado confisque la propiedad de inmuebles por motivo de delitos de corrupción, entre otros ilícitos.

Al momento de tomar la tribuna el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido López, celebró la intervención y aprobación en las modificaciones constitucionales, luego de casi dos siglos que la capital del país pudo intervenir y 102 años de la proclamación de la Constitución de 1917.

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 tiene en sus 102 años de historia. 233 decretos de reformas, y es en este 234 y a más de un siglo de su creación, en el que podemos intervenir en el proceso constitucional como entidad federativa”, refirió Garrido.

El panista aseguró que con los cambios en extinción de dominio se aportarán elementos suficientes a la autoridad jurisdiccional y ministerial para combatir delitos de alto impacto social y aplicar la extinción del dominio a favor del Estado quitándole los bienes a los delincuentes.

Las modificaciones propuestas al artículo 22 de la Constitución Federal consideran que la acción de extinción de dominio se ejercite por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma al procedimiento penal.

Cuando la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Teresa Ramos, dio su posicionamiento respecto a los cambios constitucionales explicó que la extinción de dominio permitirá que el Estado retiré a personas bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y siempre que se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de diversos delitos.

“Esto permitirá que atacar hechos de hoy y desde hace muchos años, dañan profundamente a nuestra sociedad. Me refiero concretamente a los siguientes delitos: corrupción, encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, afirmó Ramos.

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