En 2022, más de 340 mil personas en 80 mil comités participaron en contraloría social para vigilar 84 MMDD

 

Un total de 345 mil 273 personas, que conformaron 89 mil 373 comités de contraloría social de los programas federales, realizaron 110 mil 615 reuniones y 81 mil 514 informes, vigilaron 84 mil 317 millones 707 mil 806 pesos de recursos del Ejercicio Fiscal 2022, de acuerdo con el Informe General de Resultados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) correspondiente a ese año.


Un total de 345 mil 273 personas, que conformaron 89 mil 373 comités de contraloría social de los programas federales, realizaron 110 mil 615 reuniones y 81 mil 514 informes, vigilaron 84 mil 317 millones 707 mil 806 pesos de recursos del Ejercicio Fiscal 2022, de acuerdo con el Informe General de Resultados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) correspondiente a ese año.

La SFP, reportó la validación de 125 estrategias de este mecanismo que corresponden a 72 programas federales de 53 dependencias y entidades de la APF, lo que significó la vigilancia de 103 mil 609 apoyos, obras y servicios.

Y explicó que los comités de contraloría social son una forma de organización de las personas beneficiarias de los programas federales para vigilar la correcta aplicación de los recursos que les fueron asignados y el cumplimiento de las metas comprometidas en el Reglamento de la “Ley General de Desarrollo Social”.

Para impulsar el mecanismo de contraloría social, la SFP realizó 169 reuniones de asesoría y capacitación con personas servidoras públicas de instancias normativas, oficinas de representación federal e instituciones ejecutoras responsables de los programas federales.

Con las acciones de contraloría social instrumentadas por las instituciones de la APF, el gobierno federal promueve la prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. De esta manera, se fortalece la participación ciudadana, la transparencia y la corresponsabilidad gobierno-sociedad.

Con lo anterior, se da cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidos en el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 y en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM