Los crímenes políticos no existen en las leyes mexicanas, lo más cercano a dichas figuras fue en la década de los 60 —durante las revueltas de estudiantes— que existía el delito de disolución social, cuando se criminalizaban las manifestaciones.

En este sentido, las personas que están sujetas a proceso o fueron sentenciadas, y que se consideré fueron detenidos por su filiación partidista, su manera de pensar, o por haber participado en reuniones o congregaciones sociales, pueden obtener su libertad por diversas formas.

El representante del Poder Ejecutivo puede otorgar el indulto presidencial, y para ser beneficiado deberá demostrarse que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y la seguridad pública.

A su vez, el Ejecutivo Federal, ante de otorgar el indulto, deberá cerciorarse que el beneficiario haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

En el 2013, el presidente Enrique Peña Nieto otorgó el perdón al maestro chiapaneco, Enrique Patishtán Gómez, quien fue acusado en el 2000 de haber participado en la emboscada a un convoy en la que murieron siete agentes federales, por lo que fue condenado a 60 años de los cuales pasó 13 en la cárcel.

Por otra parte, existe el desistimiento del Ministerio Público en su calidad de representante social, o el perdón directo de la parte ofendida o víctima —únicamente durante el juicio; siempre y cuando la persona no haya sido sentenciada, y el desistimiento sea como parte del proceso.

Otra manera, es que una vez dictada una sentencia, en que se decretó la absolución o inocencia del imputado, el MP en su calidad de representante social no impugne dicha determinación.

A través del juicio de amparo se presenta cuando el juez federal considere que hubo violaciones al debido proceso del imputado, sometido a tratos crueles e inhumanos; confesión bajo tortura, y se violentaron sus derechos humanos; en ese sentido, el juez puede ordenar la libertad inmediata del procesado, como ya ha sucedido en varios casos.

Aquí también el Ministerio Púbico o la Consejería Jurídica, podrían desistirse de apelar la decisión judicial, lo que ahorraría meses o inclusive años, de análisis jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, cuando una persona ya fue sentenciada, y se encuentra compurgando la condena puede solicitar algunos de los beneficios al Juez de Ejecución de Sanciones para concluir su pena en su domicilio bajo las restricciones que marca la ley.

En este caso, el solicitante debe tener compurgada la mitad de su sentencia, haber presentado buena conducta, realizado trabajo penitenciario o alguna actividad en beneficio de la comunidad; tener edad avanzada, alguna enfermedad en etapa terminal, entre otras.

El interno puede obtener la liberación bajo la medidas cautelares de un brazalete electrónico, y no debe abandonar el territorio nacional, salir del domicilio donde permanecerá; acudir periódicamente a firmar ante el juez, dejar una fianza y, en su caso, no acercarse a las víctimas, entre otros.

Cabe destacar que en el caso de los denominados presos políticos, son privados de su libertad por su ideología, sin embargo, no existe una clasificación per se de este tipo de delitos, y frecuentemente éstas personas son perseguidas por manifestarse abiertamente en contra del sistema establecido.

Es recurrente que las principales imputaciones que se les hacen es por conductas como ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública; daño en propiedad ajena, motín, sedición, terrorismo, contra la seguridad nacional, robo, asociación delictuosa, sabotaje, homicidio o secuestro, entre otros.

Hay casos de personas —principalmente servidores públicos— que son acusados de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada, entre otros, que se dicen presos políticos, principalmente cuando las imputaciones las hacen funcionarios de nuevas administraciones que son ajenos al partido político que impulsó a los acusados.

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