Más de 8 mil menores han sido abatidos por disputas de la delincuencia organizada

En lo que va de la presente administración más de 8 mil menores han sido abatidos, como resultado de las disputas entre organizaciones de la delincuencia organizada que operan en el país.

Algunas de las causas más comunes de los decesos han sido por fuego cruzado entre los grupos delincuenciales; por pertenecer a familias con vínculos criminales; por haber sido reclutados como halcones o empaquetadores de drogas, o por fungir como niños sicarios.

Por este motivo, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Sodi Miranda, presentó ante la Comisión Permanente en el Senado de la República para solicitar a los tres órdenes de gobierno se aboquen en la implementación de medidas urgentes de protección a infantes, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Sodi Miranda, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables especificó que, de acuerdo con información difundida por instituciones y organismos especializados, las entidades con mayor número de muertes de infantes a causa del crimen organizado son: Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas.

En tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revela que, entre diciembre de 2018 y mayo de 2022, fueron privados de la vida, de manera violenta, 8 mil 336 niñas, niños y adolescentes que no alcanzaron la mayoría de edad”. Y tan solo de enero a mayo de este año, 451 infantes han perdido la vida por distintos sucesos violentos, de los cuales se estima que 338 fueron víctimas del fuego cruzado entre grupos criminales.

Manifestó que los derechos que nuestra Constitución y los tratados internacionales consignan a favor de nuestra infancia, están siendo mancillados cuando somos testigos de cómo la delincuencia organizada actúa impunemente contra las personas más indefensas, mientras el Gobierno Federal se mantiene firme en su negativa de cambiar su “estrategia” de “Abrazos y no balazos”.

“Esta situación de indolencia del Ejecutivo y la creciente militarización de la vida pública en México, han generado el empoderamiento de las redes de la delincuencia organizada que ya administran territorios completos y, en general, estados alternos, con un control territorial férreo y un poder de fuego que supera al de los cuerpos de seguridad en nuestro país”, expuso.

Indicó que la violencia delincuencial contra niñas y niños había quedado restringida a su función como “halcones” o distribuidores de drogas y no les había situado en el ámbito de la violencia cruzada entre bandas, o entre éstas y los cuerpos de seguridad estatales.

Sin embargo, reveló, esto ha cambiado y, ahora, las niñas y niños se ven expuestos a esta violencia sin cortapisas.
Agregó que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), “un promedio de cuatro niñas y niños de 0 a 17 años, son asesinados cada día”, lo cual es una evidencia innegable de los niveles de violencia que sufren las infancias en nuestro país.

“Vimos cómo en Puebla, durante la jornada de vacunación anti COVID, para niñas y niños de 5 a 11 años, un comando asesinó a un hombre, hiriendo a cuatro personas más, tres adultos y una niña. Al día siguiente, otro comando asesinó a un niño de diez años, junto a su mascota, al interior de su domicilio en la colonia La Villita, municipio de Apaseo el Grande, en un presunto “ajuste de cuentas” contra el pequeño”.

Por ello, concretó la diputada perredista, resulta urgente que los gobiernos de los tres órdenes se aboquen a la implementación de medidas urgentes de protección para las infancias, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y los que, como personas en desarrollo, les garantizan los tratados internacionales y nuestra constitución.