De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Atención a la Infancia (UNICEF), México es el segundo país en el mundo donde se comete el mayor número de agravios contra menores, pues al año, más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en nuestro país.
En el documento se añade que 90 por ciento de las violaciones contra niñas y adolescentes sucede en su entorno familiar.
Ante dicha situación, las y los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, aprobaron reformas para prohibir el matrimonio infantil y equiparable; obligar a los juzgadores a emitir sentencias en lenguaje de lectura fácil; formular la Estrategia Nacional de Seguridad y Combate al Ciberacoso.
En el Informe Final de Actividades durante las LXIV y LXV Legislaturas, de la citada Comisión, se detalla que las niñas, niños y adolescentes en México se enfrentan a situaciones de violencia que transgreden sus derechos y los pone en un estado constante de vulnerabilidad, violencia que se ejerce de forma física, verbal, sexual, psicológica y digital.
En los últimos seis años, el Senado de la República ha realizado una labor de reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, así como para salvaguardar su interés superior.
De igual forma, se implementaron acciones y políticas de prevención y combate en contra de la pornografía y turismo sexual de niñas, niños y adolescentes, así como medidas de protección y restitución especial de sus derechos cuando hayan sido víctimas de estos delitos.
Se precisa que las y los senadores también aprobaron que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; la no revictimización de este sector de la población en procesos judiciales; así como medidas contra la violencia sexual infantil; y proyectos para generar conciencia sobre su salud mental y la importancia de su debida atención y tratamiento, entre otros.
Puntualidad en el documento que el camino aún no termina y que es necesario llevar a cabo un esfuerzo colectivo para fortalecer y crear mecanismos de regulación, que garanticen mayor protección para la infancia y adolescencia mexicana.
“Tenemos el compromiso de salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como de cerrar las puertas a todas las formas de violencia que amenazan su paz y de abrirles las puertas a una vida plena y digna”, concluye el informe.
AGM
