Donación forzada de órganos

La estadística oficial indica que hay más de 13 mil mexicanos en la lista de espera para recibir el trasplante de un riñón y 7 mil aguardan córneas.

Entre quienes aspiran a que les sean donados corazón, hígado o páncreas no llegan a 500. En total, unos 21 mil hipotéticos receptores de trasplantes.

Parece entonces una desmesura que el Senado de la República haya modificado la ley para que, en el futuro próximo y por ley, todo adulto mexicano que muera se convierta en donador automático de órganos, tejidos, piel y todas las partes del cuerpo humano que puedan ser aprovechadas en trasplantes.

¿Por qué? Porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fallecieron 685 mil 763 mexicanos en 2016 y cada año perecen algunos miles más por diabetes, enfermedades cardiacas y tumores cancerosos, pero también en accidentes y por causas de violencia homicida.

Aun descontando las muertes de menores de edad, esta cifra creciente de decesos de adultos se multiplica por más de cien veces, cada año, del número de riñones y córneas demandados por pacientes que requieren de un transplante y se han inscrito para recibirlo.

Quien ofrece estas cifras, el doctor José Ramón Barrera Domingo, aporta igualmente el contexto en que se da la drástica modificación legal que en automático convierte a México en un país en el que la donación altruista y voluntaria de órganos y tejidos pasa a ser, de la noche a la mañana, en obligatoria al momento de la muerte. Excepto, claro, si la persona tuvo la información anticipada sobre el tema y se tomó el trabajo de manifestar y registrar la voluntad expresa de que su cuerpo no sea utilizado para trasplantes.

Muchos pacientes en espera de trasplantes mueren antes de que eso ocurra, pero hacer obligatoria la donación cadavérica no es una opción médica, social o política, estima la propia Sociedad Mexicana de Trasplantes.

En Holanda recién se aprobó una ley similar con 38 votos a favor y 36 en contra en el Senado, donde los legisladores argumentaron que el Gobierno no puede decidir sobre los órganos de un ciudadano. Otro argumento es que la ley, prevista su entrada en vigor hasta 2020, tendrá demasiados costos y dificultades y nada garantiza que sea mejor que la vigente donación altruista con voluntad anticipada.

La generosidad, el sentido humanitario, el bien de los demás, incluso la caridad y la compasión son argumentos que favorecen la donación de órganos y tejidos. Jóvenes que aún no llegan a la mayoría de edad son objeto de estas campañas en escuelas preparatorias y en facultades de universidades públicas y particulares.

Sin embargo, la donación forzada en Ley General de Salud enfrenta desde objeciones religiosas y de conciencia, hasta dificultades de los familiares para identificar la autenticidad de las cenizas que les serán entregadas como restos de su pariente difunto, el riesgo de tráfico de órganos en un país colapsado por la corrupción; incapacidad física para albergar cuerpos; imposibilidad de alegar negligencia médica en casos polémicos; tardanza en la entrega de los restos humanos.

Y están el libre albedrío (que ya no podría ser ejercido con esta reforma), y la propia dignidad humana que garantiza la Constitución. Una ley que estatiza los cuerpos de los ciudadanos (afirma la experta en derecho tanatoético María Isabel Jiménez Moles) es, por principio, inconstitucional desde el punto de vista biológico, racional, emocional, espiritual y social.