Gobernar de muertito

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Gobernar de muertito

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Pertenecer a la generación de gobernadores de la cuatroté no garantiza sensibilidad ni compromiso con las víctimas. Salomón Jara, mandatario de Oaxaca, “gobierna de muertito”, mientras menos se conozca de su trabajo mejor. Y tomar una causa es comprometer a un gobierno incapaz y lleno de compromisos con sectores poderosos, menos con los agraviados.

El gobernador es omiso ante un caso ocurrido que pasó de una detención a una desaparición forzada documentado desde hace 17 años. Jara Cruz está a un paso de ser parte de una larga cadena de omisiones y encubrimientos, todos ellos con tintes de delitos y tapados desde el poder del gobierno estatal encabezado, en su momento, por Ulises Ruiz Ortiz y heredado a cada gobernador.

En 24 de mayo de 2007, aproximadamente a las 11:30 horas, elementos del Ejército, adscritos a la VII Región Militar, ubicada en Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades policiales, llevaron acabo un operativo conjunto en el hotel “del Árbol”, en la colonia centro de la Ciudad de Oaxaca. En ese operativo, Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, ambos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) fueron detenidos por servidores públicos, entre ellos de la Sedena para ser traslados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la postre ser trasladados al Campo Militar número 1 por elementos castrenses.

Para el 26 de mayo el gobernador Ulises Ruiz ya tenía información de que habían sido detenidos integrantes destacados del EPR. Así tanto, la procuraduría local, encabezada, en ese momento, por Evencio Nicolás, efectivos del Ejército, y del gobierno estatal quedaron involucrados en la detención y desaparición.

En este caso, van 17 años de parsimonia judicial y política, tres exgobernadores y uno actual. Todos actúan bajo el mismo parámetro de indolencia y complicidad idéntica a la de Ulises Ruiz Ortiz. 

A casi 17 años, el gobierno de Salomón Jara es incompetente e insensible para ayudar a esclarecer el caso de desaparición de los integrantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos y desaparecidos desde el 25 de mayo de 2017.

El 27 de febrero de este año, se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca una diligencia de inspección para fijar mediante fotografía y coordenadas la ubicación de tres lugares posibles en la búsqueda de los luchadores sociales. Aunque es la primera acción de campo, en la que participaron familiares, representantes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, la FGR, equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda y representantes de la secretaría de gobierno de la Ciudad de Oaxaca, se exhibió la falta de coordinación y de interés por parte de las autoridades del estado de Oaxaca de brindar las facilidades en tiempo y forma para llevar a cabo las diligencias de inspección.

El gobierno de Salomón Jara no pudo dar indicaciones y ponerse de acuerdo con las autoridades federales para evitar inconvenientes y dar las facilidades, lo que derivó que, en dos de los lugares, no se pudiera ingresar para hacer la fijación por dentro del lugar, ya que no se contaba con la documentación (oficios) girada a los municipios visitados. 

Con estas omisiones Salomón Jara deja asentada su tolerancia ante los abusos y se vuelve un cómplice del silencio fúnebre de Ulises Ruiz Ortiz.

RGH