Los caros caprichos presidenciales

Por Kenia López Rabadán*

Esta semana, tuve acceso a un documento obtenido en los Guacamaya leaks. Se trata de una presentación de la Secretaría de la Defensa Nacional denominada “Proyectos del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Este documento nos permite conocer 4 cosas importantes:

• Que aunado a lo que ya administra la Sedena, es decir, cuatro aeropuertos y el Tren Maya, ahora tendrán a su cargo el ofrecimiento de servicios turísticos a través de desarrollos hoteleros, parques y museos, así como contarán con una aerolínea comercial propiedad del gobierno.
• Pretenden utilizar el avión presidencial para fines comerciales. Según el propio documento, su uso es una inversión de alto riesgo, con más pérdidas que beneficios, es decir, podría tener resultados deficietarios por aproximadamente 500 mil pesos por hora de vuelo, eso sin sumar los 165 millones de pesos que se tendrían que erogar para mantenimiento y capacitación. En consecuencia, para obtener ganancias, deberán ofertar el boleto a niveles tarifarios altos.
• Que los gastos para echar a andar la nueva aerolínea son elevados. Según se desprende del documento, para solventar los gastos de la nueva aerolínea comercial del gobierno, el costo administrativo y operativo tendría que ser con 10 aeronaves arrendadas y operando cada una cien horas de vuelo al mes. Lo que les costará a los mexicanos más de mil 59 millones de pesos si se usan aviones ATR-72; más de mil 652 millones de pesos si usan los Boeing 737 NG; y más de mil 878 millones de pesos si se usan los Airbus A320. 

Esto en términos monetarios se podría traducir en un hospital de primer nivel o en adquirir 4 mil 700 patrullas o en comprar más de 125 mil quimioterapias al año.

• Como todo lo que hacen, lo hacen mal, y en esta ocasión, no esperarán a que culmine el proceso legislativo para echar a andar su aerolínea comercial. Pretenden que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal modifique el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos y así brincarse las restricciones que marca actualmente la ley en la materia.

Adicional a ello, en dicha presentación sostienen que, en cuanto a la obtención de la concesión de la aerolínea y el certificado de operador aéreo, son 16 meses el tiempo necesario y legal para obtenerlos. Pero ellos dicen que ya la Agencia Federal de Aviación Civil les dará la autorización fast track.

México no ha podido recuperar la categoría uno de seguridad aeronáutica. El AIFA sigue sin tener vuelos y ahora se sabe, que los costos de la nueva aerolínea son elevados y con pocos resultados satisfactorios. Los caprichos presidenciales le salen cada día más caro a los mexicanos.

*Senadora / presidenta de la Comisión de Derechos Humanos