En vilo, aprobación vía rápida en el Senado del “Plan B” en materia electoral

Se recrudecen las opiniones divididas entre los senadores de la bancada de Morena a horas de que se analice, discuta y posiblemente se aprueba en las comisiones de Comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda y la de Justicia, la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que modifica cinco leyes y crea una nueva en materia de reforma electoral, conocida como el “Plan B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El turno inmediato lo confirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, quien en Twitter anticipó que “de forma inmediata las compartiremos con los integrantes de las comisiones, y en todo momento actuaremos con apego al proceso legislativo de conformidad con Reglamento del Senado”.

Este lunes 12 de diciembre los integrantes de las tres comisiones iniciarán el análisis, luego de cuatro días para revisar la propuesta que avala la colegisladora reforma alrededor de 457 artículos a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y busca expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

Además, plantea modificar diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo dictamen a estas leyes secundarias se subirían el próximo martes al Pleno, confió el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, lo cual contraviene a la promesa del coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, de no aprobarlo “fast track” y vía rápida.

De acuerdo con Monreal, el Senado corregirá los errores e inconsistencias constitucionales de la reforma electoral, por lo que el proyecto se devolverá a la Cámara de Diputados; sin embargo, Cravioto opina que, con cambios o sin ellos, el dictamen se aprobará martes o miércoles o antes del 15 de diciembre cuando concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

Detalló que no sólo se trata de dos o tres errores, sino que contiene más contradicciones constitucionales, por lo que elabora un documento para que se tome en cuenta en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.  

Por ello, el legislador advirtió que la reforma electoral se devolverá con cambios a la Cámara de Diputados y serán ellos quienes decidan si se allanan o insisten en su dictamen, propuesta que no comparte César Cravioto, quien incluso descartó que en la bancada guinda y sus aliados vayan a votar en contra, pues “todos tenemos que ir a favor porque es un tema prioritario para el fortalecimiento de la democracia y el proyecto de la Cuarta Transformación”.

Entre los cambios esperados estaban lo concerniente al Instituto Nacional Electoral (INE), en este caso la nueva iniciativa no modifica las facultades del Instituto para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.

De acuerdo con la consultora Integralia, entre los riesgos de la reforma electoral destacan que se merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad: se proponen modificaciones en tres niveles: 

Oficinas centrales fusionando 17 áreas en 12 (uniendo algunas divergentes como la jurídica con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral) 

Compactar las 32 juntas locales al desaparecer al vocal secretario y al vocal de organización; y al desaparecer las 300 juntas distritales (la base territorial para organizar elecciones) y sustituirlas por una vocalía operativa. 

Si bien es cierto hay margen de reducción burocrática del INE, la magnitud del mandato de la reforma es excesivo y se debe realizar antes del 1° de agosto de 2023. 

En contraparte, lo positivo es que se busca acelerar el proceso para que las personas privadas de la libertad puedan votar, ya hay una sentencia del TEPJF al respectó, así como incluir a grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas) a través de acciones afirmativas. 

También pretende facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, mediante el uso del internet con pasaporte o matrícula consular, aunque este último puede implicar prácticas fraudulentas.