Tras maratónica sesión, diputados de Morena y aliados avalan fast track que Sedena tenga bajo su control a la Guardia Nacional

Tras maratónica sesión, diputados de Morena y aliados avalan fast track que Sedena tenga bajo su control a la Guardia Nacional
 

El dictamen aprobado establece que la Guardia Nacional esté bajo control operativo y administrativo de la SEDENA, dándole a la SSPC el control del gabinete de seguridad federal.


El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tras una sesión de más de 13 horas, la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que Morena, PT y Partido Verde presentaron como suya, para que la Guardia Nacional esté bajo control operativo y administrativo de la secretaría de la Defensa Nacional, pero adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.


De esta forma, con dispensa de trámites y de manera fast track,y con el voto en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, los morenistas y sus aliados avalaron cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.


Solo en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y las Fuerza Aérea Mexicanos hubo consenso con la oposición, pues se avaló con 458 a favor, 26 en contra de Movimiento Ciudadano y una abstención.

El paquete de reformas se envió al Senado de la República para su análisis y discusión.


Este tema no estaba incluido en el orden día de la sesión que comenzó este viernes con una demora de tres horas y concluyó este sábado después de las 8: 40 horas, pero en la Junta de Coordinación Política se acordó incluir este polémico asunto en la discusión.


Al presentar la propuesta ante el pleno de San Lázaro y pedir su aprobación con dispensa de trámites, el coordinador de Morena, Ignacio Mier destacó que el objetivo de la propuesta es fortalecer a la corporación policiaca y otorgar certeza a sus más de 115 mil integrantes.


Se garantizará, dijo, su certeza operativa y administrativa como obligación por parte del Estado.
“Es necesario dar certeza administrativa a los más de 113 mil integrantes de la Guardia Nacional, el 80 por ciento de ellos mexicanas y mexicanos que están al servicio de la obligación del Constituyente, pero expresamente la Constitución le confiere esta función primaria al gobierno federal, al titular del Ejecutivo a los 32 representantes como gobierno en los estados y a los ayuntamientos a través de sus cabildos. Es la razón de ser del Estado mexicano.


Durante la prolongada sesión, Morena, PT y Verde desecharon las mociones promovidas por PAN, PRI, PRD y MC para suspender el debate al considerar que la seguridad es un tema de Estado que no debe resolverse con un albazo legislativo.


La oposición argumentó que es una propuesta inconstitucional que será controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Aseguraron que esta iniciativa demuestra el fracaso de la política de abrazos y no balazos, así como el desastre en materia de seguridad que ha dejado miles de víctimas.

Tras maratónica sesión, diputados de Morena y aliados avalan fast track que Sedena tenga bajo su control a la Guardia Nacional


Durante el debate, los panistas mostraron cartulinas con capturas de tuits en las que Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la Presidencia de la República criticaba que se utilizara a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.


Así lo destacó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien ironizó al considerar que se presentará una iniciativa para que la Cámara de Diputados se convierta en la Honorable Oficialía de Partes.


El panista, Jorge Triana enfatizó que el Decreto de 2019 establece que la Guardia Nacional debe tener carácter civil.
“Cualquier estudiante de derecho de primer semestre, cualquier aficionado a la vida pública de este país sabe que ningún decreto, ningún reglamento, ninguna circular y ninguna ley secundaria pueden estar por encima de la Constitución y el artículo 21 Constitucional es clarísimo, “la Guardia Nacional debe ser de carácter civil y debería estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública”.


En respuesta, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo dijo que las Fuerzas Armadas se están volviendo más civiles. Indicó que es lo más idóneo y posible para la situación que vive el país.


La priista Yolanda de la Torre preguntó al morenista Ramiro Robledo si estas reformas que avalaron resisten una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad o si resisten el escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


“Yo no quisiera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ande corrigiendo la plana como nos la está corrigiendo cada rato, y a mí me da mucha pena.


Dijo que es necesario adoptar medidas de fondo necesarias para dotar a la Guardia Nacional y al Ejército y a las Fuerzas Armadas, de un marco jurídico con un fin constitucionalmente válido, “reitero, con un fin constitucionalmente válido, que le sirva, que le dé certeza a las instituciones y que especialmente al pueblo, sí, sí queremos una Guardia Nacional Civil”, expuso desde su curul.


El dictamen aprobado establece que la Guardia Nacional esté bajo control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dándole a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el control del gabinete de seguridad federal.


El texto plantea que la secretaría recibirá las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo federal.


La reforma también permitiría que los elementos de la Guardia Nacional “renten sus servicios” de protección, custodia, vigilancia, seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten.


Además, considera prestar dichos servicios a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado. El pago de los servicios sería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Crédito Público por concepto de contraprestación.