Envía Ejecutivo a diputados reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el propósito de reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados y magistradas del TFJA.

La iniciativa, que se turnó a las comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para su dictaminación, busca reforzar la integridad institucional de este órgano jurisdiccional y evitar interpretaciones erróneas.

Se plantea que las sesiones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa puedan ser grabadas, lo que permitirá tener evidencia precisa de lo que ocurre en las reuniones, con lo cual se privilegiará la transparencia en las funciones del organismo.

Asimismo, propone establecer la obligación de las personas públicas del Tribunal de guardar “absoluta reserva y confidencialidad de la información” de los procedimientos que se substancien a fin de evitar faltas administrativas.

Precisa que este órgano será competente para conocer y resolver sobre la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio de las personas agentes del Ministerio Público, peritas e integrantes de las instituciones policiales de la Federación.

Propone que las y los integrantes de la Sección Tercera del TFJA sean elegibles para ocupar la presidencia del Tribunal y en donde la persona decana tendrá preferencia para la nominación correspondiente.

Asimismo, plantea ampliar el periodo de la presidencia del Tribunal de tres a cuatro años.

Detalla que en caso de ausencia de la persona titular de la presidencia del Tribunal, ésta será suplida por la o el magistrado con mayor antigüedad en la Sala superior.

Procedimiento de designación

Esclarece el procedimiento de designación y ratificación de las y los magistrados del TFJA, así como los requisitos de idoneidad entre ellos que no hayan sido sentenciados por delito doloso, ni inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

También se proponen causales de remoción, separación, bajas, cese, destitución o cualquier forma de terminación del servicio para agentes del Ministerio Público, Peritas e integrantes de las instituciones policiales de la Federación.