La Comisión Permanente pidió al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California, dejar sin efecto las reformas a la Constitución

La Comisión Permanente pidió al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California, dejar sin efecto las reformas a la Constitución aprobadas el 8 de julio pasado, que ampliaron el mandato del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla.

Lizbeth Mata, diputada del PAN, refirió que los cambios avalados por 21 de 25 diputados locales y 3 de 5 ayuntamientos, con excepción de Mexicali y Tijuana, es muy similar a una escena de la película la Ley de Herodes.

Pidió investigar posibles actos de corrupción de 21 legisladores que votaron a favor de esta reforma.
“Es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático. Ustedes recordaran una película denominada Ley de Herodes, en donde un personaje arrancaba hojas de la Constitución y escribía luego lo que quería, pues es el claro ejemplo de lo que sucedió en Baja California, ir en contra de la propia Constitución”.
La diputada del PRI, Dulce María Sauri, declaró que todo iba bien para Jaime Bonilla, al recibir el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser senador y luego “superdelegado” en esa entidad para allanarle el camino a la gubernatura.

Pero, el escenario se oscureció cuando intentaron primero vía jurisdiccional que gobernara la entidad por 5 años y al no conseguirlo optaron, cuando ya era gobernador electo, reformar la Constitución del estado desoyendo el mandato de los ciudadanos que le dieron su voto por dos años y no por un lustro.
“El presidente apoya a su amigo para ser postulado como candidato a gobernador, el problema comenzó cuando los dos años del periodo de la gubernatura fueron considerados como insuficientes. ¿Quién le habrá dicho al senador Bonilla o al propio presidente de la República que esta situación se podría modificar? Realmente lo ignoro, el grupo parlamentario del PRI confía a que regresen la razón y la prudencia política a Baja California, no hay amistad política que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de derecho, si la boleta eso será, si dice seis, también”.

La senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, llamó a los legisladores de Baja California no jugar con la voluntad popular.
“Atenta contra la voluntad ciudadana, contra la decisión libre y democrática tomada en las urnas por los ciudadanos, quienes depositaron su confianza en el nuevo gobernador, pero sólo y exclusivamente por un periodo de dos años. Después de esta maniobra política, ¿qué confianza y certeza pueden tener los ciudadanos en los legisladores”.
María Rosete, diputada de Encuentro Social, calificó como un atropello al Estado de derecho y al Pacto Federal esta reforma.

“De entrada es un atropellamiento soez y vulgar al Estado de derecho y al respeto del Pacto Federal, es un acto inmoral, un golpe bajo al sistema electoral mexicano. Pero, sobre todo, es un acto inconstitucional”.
El diputado de Morena, Eduardo Bonifaz, adelantó que su bancada en la Cámara de Diputados acompañará las acciones legales contra esta reforma.
Apuntó que esta reforma no vino desde Palacio Nacional, sino que fue una decisión de legisladores y autoridades municipales de Baja California.