Ante la desaparición de algunos programas agropecuarios, el PRI en la Camara de Diputados solicitó al Gobierno Federal revisar sus políticas públicas en torno al campo, para no poner en riesgo la producción de alimentos.
Indicaron que a pesar de los estragos ocasionado por el COVID-19, los campesinos han cumplido cabalmente con su compromiso social de abastecer a los mexicanos, lo que contrasta con la insensibilidad demostrada por algunos funcionarios del ramo.
Al respecto, los legisladores Erika Sánchez Martínez, Ismael Hernández Deras y Juan José Canul Pérez, señalaron que no es justo que las millones de familias campesinas además de enfrentar las dificultades que en sí mismo entraña el campo, ahora se le sume la constante reducción del financiamiento y la cancelación de programas productivos.
La diputada Erika Sánchez Martínez, consideró que revertir las políticas de austeridad en este sector, beneficiaría a más de siete millones de pequeños productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, que son los que procura el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y al que en el ejercicio fiscal 2021, le cercenaron cerca de cinco mil millones de pesos.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lanzó un llamado de alerta a nuestro país, al recomendar producir cuando menos el 75 por ciento de los alimentos que consumimos, pues de continuar así, para el 2028, México será el principal importador de maíz en el mundo, segundo en sorgo, aves y cerdos, sexto de trigo, octavo en arroz y noveno de carne de res, conforme a sus proyecciones.
En tanto, el diputado federal, Ismael Hernández Deras, también dirigente de la Confederación Nacional Campesina, confirmó que la realidad que vive hoy el sector agrícola es todavía más difícil, principalmente para las mujeres, quienes fueron las más agraviadas, ya que, por ejemplo, el presupuesto etiquetado a las campesinas indígenas se redujo en un 68 por ciento.
Agregó que de los 28 millones de mexicanos que viven en el campo, el 21 por ciento es población femenina, ejidatarias, comuneras, productoras rurales, a las que les negaron más y mejores oportunidades de desarrollo por el recorte presupuestal.
“De cada 100 pesos entregados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sólo tres son para fomento productivo en agricultura, ganadería, pesca y acuicultura y no hay un solo peso para sectores vulnerables”, observó.
Por su parte, el legislador de Yucatán, Juan José Canul Pérez, dijo que contrario al discurso oficial, los campesinos tienen otros datos, no disponen de dinero en rubros tan importantes como fomento y crédito, que junto con las disminuciones al presupuesto y el desmantelamiento de programas sociales, al menos, estamos frente a un futuro incierto del sector primario.
