Terminarán indemnizaciones exorbitantes para particulares en contratos con la Federación
Además, en caso de tener que pagar indemnizaciones, la propuesta establece límites en los montos que se deben pagar, únicamente en casos que involucren procedimientos jurisdiccionales o arbitrales.
Con la finalidad de que el gobierno de México pueda terminar de manera anticipada y unilateral contratos con empresas privadas sin la necesidad de indemnización y con el objetivo de prevenir “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas” presentadas en contra del Estado mexicano en instancias nacionales o extranjeras, la Federación presentó una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya ha sido enviada a la Cámara de Diputados, busca la modificación de 23 leyes, incluyendo una “cláusula exorbitante” o de terminación anticipada en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública.
Según la propuesta, la terminación anticipada no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios cuando se motive en hechos o actos de interés público, general o social, en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales.
Además, en caso de tener que pagar indemnizaciones, la propuesta establece límites en los montos que se deben pagar, únicamente en casos que involucren procedimientos jurisdiccionales o arbitrales.
La reforma también pretende modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de contar con los permisos legales adecuados, estableciendo que aquellos proyectos identificados como “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país, y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales”, podrán llevarse a cabo sin dichos requerimientos.
La propuesta ha generado controversia y críticas de diversos sectores, quienes argumentan que esta reforma podría afectar negativamente los derechos de las empresas privadas y debilitar la confianza en las inversiones en México.
AGM
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