Justicia para María Elena

Por Kenia López Rabadán*

En septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz fue atacada, afuera de su domicilio en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, con sustancias corrosivas. Esta agresión puso en riesgo su vida, ya que sufrió graves lesiones en la cara y en múltiples partes del cuerpo, por lo que tuvo que permanecer hospitalizada durante meses.

María Elena se ha dedicado desde entonces a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y se ha convertido en una de las principales impulsoras de la tipificación de las lesiones con ácido o con cualquier otro tipo de sustancia corrosiva. Ha emprendido una campaña de concientización, para que los distintos órdenes de gobierno emitan programas y políticas públicas para trabajar en prevenir y sancionar esta situación.

La lucha de María Elena ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional. En colaboración con otras víctimas y con organizaciones de la sociedad civil, han visibilizado e impulsado modificaciones normativas en el marco jurídico nacional, como la reforma aprobada por unanimidad en el Senado de la República, con la cual se busca adicionar un artículo 297 Bis al Código Penal Federal.

Con esta modificación se busca una pena de 7 a 13 años de prisión a quien cause lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, provocando un daño o enfermedad incurable; la inutilización o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando le genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel. Esta pena, además, aumentará en dos terceras partes, cuando exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva y/o laboral.

Lamentablemente, aún después de años de lucha, de legislación y de mandatar que la impartición de justicia sea con perspectiva de género, siguen existiendo obstáculos que impiden alcanzar la justicia plena y, por el contrario, revictimizan a las mujeres víctimas del delito.

María Elena ha sido revictimizada constantemente. El último ejemplo es la audiencia de 6 días y más de 70 horas, de la semana pasada en la que un Juez penal cambió la medida cautelar del probable agresor y le concedió la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud.

Esta audiencia estuvo plagada de irregularidades; presumiblemente se fabricaron pruebas parciales en beneficio del acusado, mismas que se dieron a conocer hasta el día de la audiencia, incumpliendo con los plazos establecidos para al efecto, dejando en desprotección a María Elena.

Ante la preocupante realidad de creciente violencia que golpea a nuestro país, particularmente en contra de niñas y mujeres, es fundamental que todas las instancias y órganos del Estado mexicano den pleno cumplimiento a la ley, poniendo a las víctimas al centro de su accionar. 

Hoy, el cambio de medida cautelar de un probable agresor, significa un alarmante retroceso y puede sentar peligrosos precedentes en la impartición de justicia para las mujeres en México. Por ello, se debe revisar este caso a la luz de los derechos humanos para garantizarle justicia a María Elena.

*Senadora / presidenta de la Comisión de Derechos Humanos