La candidatura de Ximena Puente, titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, es rechazada por organizaciones civiles bajo el argumento de que esta postulación es “inoportuna e inconveniente”.
A través de una carta, que será entregada hoy en el Senando, se exige que si Puente de la Mora considera orientar su desarrollo personal y profesional hacia la fiscalía especializada de combate a la corrupción, “es ético que asuma la contienda desprovista de la impronta de la presidencia y cargo de comisionada del INAI”.
Como posible titular de dicha fiscalía, los inconformes aseveran también que su postulación daña la estabilidad interna del INAI, pues crea “incertidumbre, pugna de direcciones prematuras y especulaciones que repercuten negativamente en el funcionamiento de la estructura operativa para la producción de resultados.
Por lo anterior, la sociedad civil y expertos en la materia exhortaron a legisladores y funcionarios relacionados directa o indirectamente con la consolidación institucional del INAI y de los sistemas Nacional de Transparencia y Anticorrupción, a “sobreponer el valor de lo público en su desempeño y decisiones”.
Tras caerse la intentona de designar al exsecretario de Gobernación del sexenio calderonista, Fernando Gómez Mont, de ocupar el cargo, la candidatura de Puente de la Mora parece fortalecerse.
“Esto sería catastrófico para la credibilidad de la clase política, hacia el interior y el exterior, pero también para ponerle fin a un mal que ha lastimado profundamente a México y que tiene que cambiar ya”, enfatizó Ricardo Peralta Saucedo, también candidato a fiscal anticorrupción.
Acuerdo político
Las comisiones de Anticorrupción y Justicia en el Senado de la República difieren sobre las capacidades académicas y técnicas de los 32 candidatos, entre expertos en transparencia y rendición de cuentas, aunque entre candidatos y sociedad civil permanece el fundado temor de que la designación del fiscal anticorrupción se decanta por enjuagues político-partidistas.
Al inicio del proceso para elegir al fiscal anticorrupción, la convocatoria tuvo mínima respuesta de aspirantes, al grado que sus tiempos se ampliaron para atraer más interesados; sin embargo, con 32 aspirantes, el Senado decidió suspender la elección de perfiles pues, dijeron, no satisfacían las necesidades del cargo.
A la fecha, tal problema permanece, pues de las personas en espera de comparecer, la mayoría denotan escasa o nula capacidad técnica para un cargo que va a perseguir actos de corrupción en un país vulnerado por tal práctica.
Lo peor, advierte Darío Ramírez, integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que hay suspirantes “de todo”, y notoriamente “pocos” que sí denotan una verdadera autonomía de partidos políticos, del Gobierno y de intereses particulares o de grupo.
La revisión de los perfiles revela que la mayoría de ellos carecen o no demuestran fehacientemente idoneidad para el cargo de fiscal anticorrupción, por lo que se teme que, además de llevar al límite la designación, ésta sea producto de un acuerdo político y no una decisión de Estado, como lo reclama el combate a este cáncer.
Bajos perfiles
Entre los perfiles se advierte que la mayoría de ellos cuentan con licenciatura en Derecho, con un caudal de puestos en la administración pública, tanto federal como local, sobre todo en materia de seguridad, derechos humanos y órganos de control interno, al tiempo que un número importante de ellos son académicos de diversas instituciones.
“El fiscal nacional anticorrupción debe tener experiencia y conocimientos sobre el sistema penal acusatorio, desde las carpetas de investigación, juez de control y el uso de los conceptos y tecnicismos que son utilizados en las audiencias públicas”.
Tras puntualizar lo anterior, en entrevista, Mario Velasco Torres de la Vega, candidato al cargo y el único mexicano con perfil de evaluador en temas de corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agrega que el fiscal debe contar con experiencia internacional, dadas las convenciones internacionales en la materia que forman parte de la legislación mexicana, como el cohecho internacional.
Entre los candidatos se perciben perfiles apoyados por partidos políticos, que mantienen lazos con instituciones encargadas de impartir justicia, o nexos familiares o profesionales con el poder político.
Un ejemplo de lo anterior lo representa José Fernández de Cevallos y Torres, quien, aunque acredita conocimiento en la materia, es sobrino del panista y abogado Diego Fernández de Cevallos.
