Después de las acusaciones que lo señalan de ejercer presiones sobre jueces en el sistema judicial mexicano, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó rotundamente dichas difamaciones.
En medio de una intensa controversia, Zaldívar acusó a la ministra Norma Piña de alimentar una “intencionalidad política” para dañar la imagen de la llamada Cuarta Transformación.
Las acusaciones, provenientes de una denuncia anónima, han desencadenado una reacción en cadena en el ámbito judicial y político del país. Zaldívar, quien ahora colabora con la candidata Claudia Sheinbaum, ha calificado la admisión de la denuncia como algo “inédito y muy grave”.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Zaldívar denunció que la admisión de la queja por parte de la ministra presidenta de la Corte viola toda normativa y precedentes establecidos. Además, señaló que la acusación carece de pruebas sólidas y que va en contra del principio de presunción de inocencia.
“A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar”, añadió el ministro en retiro.
La admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. pic.twitter.com/lQiEZBB5IV
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 12, 2024
¿De qué es acusado el ministro Arturo Zaldívar?
La SCJN ahora bajo el liderazgo de Norma Piña, ha ordenado una investigación hacia Zaldívar y otros funcionarios cercanos a él por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos. La denuncia también involucra a Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte, considerado como mano derecha de Zaldívar.
Según el medio Notitia Criminis, la investigación se centra en posibles presiones ejercidas por Zaldívar sobre operadores del sistema judicial para favorecer intereses personales o de terceros. Se menciona la promesa de beneficios políticos y económicos, así como presiones y amenazas para influir en decisiones judiciales.
Además de Zaldívar, la investigación implica a decenas de funcionarios, incluida la exprocuradora general de la república Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial durante la gestión de Zaldívar.
El escándalo también apunta hacia posibles complicidades con figuras externas al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados asociados a él.
Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y plantea interrogantes sobre la independencia y la transparencia del sistema judicial en México. Las investigaciones en curso determinarán el desenlace de este escándalo que sacude los cimientos del poder judicial en el país.
RGH
