Académicos, juristas y empresarios reflexionan sobre las amenazas a la división de poderes

Expertos de asociaciones y colegios de abogados, junto con representantes de las principales facultades de Derecho y reconocidos juristas, analizaron durante dos días constantes afrentas y amenazas a la Constitución y al Estado de Derecho, así como el debilitamiento de la “División de Poderes” y la existencia de una política fiscal abusiva.

En el Seminario “Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal en México” al hacer un “Corte de caja”, hacia el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y analizar la situación de la seguridad jurídica, los expertos concluyeron que la actual política fiscal ha jugado un rol en contra de los contribuyentes para satisfacer objetivos “Político-Electorales”.

Durante el acto inaugural, José Ángel Santiago, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), advirtió que existe una preocupación de todo el gremio ante la clara intención de violar la Constitución.

Su llamado fue compartido por varios ponentes, quienes se sumaron al refrendar la relevancia del papel de los jueces de dejar la política de lado y realmente velar por su cumplimiento.

También señalaron como un ejemplo de esta violación al Estado de Derecho la “Política Fiscal”; diversos expertos criticaron la decisión de fiscalizar solo a grandes contribuyentes, ya que, como explicó Ricardo Mendoza, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

“Si bien esto suele ser más eficiente, ha resultado en terrorismo fiscal, y en una clara y abierta extorsión, con lo que la violación de los derechos de los contribuyentes se hace más que evidente”.

Lo anterior sucede con el consentimiento del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) quien, como bien apuntó Juvenal Lobato Díaz de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha desatendido su labor y dejado a los contribuyentes en el desamparo.

Además, se reflexionó sobre las prácticas abusivas que realizan los funcionarios bajo el pretexto de detener a “Factureros” y “Outsouceros”, cuando ninguno de ellos ha pisado la cárcel y todos los contribuyentes acaban sufriendo las consecuencias; ahondando en el tema, los panelistas también fueron enfáticos en las graves consecuencias de la violación del secreto fiscal para beneficios políticos, lo cual conlleva consecuencias administrativas y penales a los responsables.

Otro tema discutido a profundidad fue la relevancia de la “División de Poderes”, al plantearse que en la presente administración federal, ha sido notorio y creciente el intento por parte del Ejecutivo de someter al Judicial y el Legislativo.

Cuauhtémoc Reséndiz, del Colegio General de la Abogacía Mexicana, recordó que esta división se violó, por ejemplo, cuando por presiones del Ejecutivo se forzó a Eduardo Medina Mora a renunciar y cuando Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se sometió a un interés ajeno al de defender la constitución.

En el Foro también se analizó el panorama económico y el combate a la corrupción y a la delincuencia, todos coincidieron en que el Estado de Derecho es la primera condición para tener un sistema de justicia que funcione.

En ese marco, Moisés Castro, de la ANADE, exhibió que existe una justicia selectiva, donde hay ciertos delitos como los fiscales que son perseguidos de forma deliberada y otros no; además, criticó el papel indebido de la Unidad de Inteligencia Financiera en delitos fiscales, la cual es utilizada de forma irresponsable y perniciosa por las autoridades fiscales para presionar a los contribuyentes.

Arturo Pueblita, presidente del INCAM, denunció la presión que reciben los Tribunales Colegiados de las autoridades Fiscales de todos los niveles, incluido el propio titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y señaló que:

“Ante la ineficacia de los medios de defensa ordinarios, hoy los contribuyentes se ven obligados a acudir al Poder Judicial para obtener justicia, por lo que hacen una llamada de auxilio a los jueces a no echarse para atrás y ceder ante presiones, a efecto de que predomine la justicia y el Estado de Derecho”.

Finalmente los expertos coincidieron en que la vulnerabilidad del “Estado de Derecho” generada en la actual administración federal, aunado a la actitud abusiva y extorsionadora por parte de autoridades fiscales como el SAT, han socavado la competitividad del país y concluyeron que significan un “Riesgo Inminente para la Supervivencia de la Democracia”

CRÉDITO: Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM